El Betis está decidido a agotar todas las medidas legales a su alcance para que se investigue al Hércules y se le castigue, si así procede, por la presunta compra de partidos la temporada pasada y que acabó con los alicantinos en Primera.

Luis Oliver, según ha podido saber MARCA, lleva varios días consultando con especialistas en la materia para ver cómo pueden lograr que este asunto no caiga en el olvido, como tantos otros. De momento, el club ha enviado a la Federación Española de Fútbol un escrito en el que solicita que se abra expediente y se llame a declarar a las partes.

La entidad confía en que el Comité de Competición atienda su petición y tengan una reunión de urgencia para estudiar su denuncia en un plazo de diez días. Y es que si el asunto se pospone más en el tiempo o su petición no encuentra respuesta, las opciones de que este escándalo pueda devolver al Betis a Primera se disiparían completamente.

Por su parte, el Hércules respira tranquilo. Tras salir a la luz por el caso Brugal las conversaciones telefónicas de Enrique Ortiz, máximo accionista del conjunto herculano, y que recogían un posible amaño de partidos, el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que lleva el caso ha determinado que no va a utilizar las grabaciones.

En dicha conversación, se oía como Ortiz revelaba que pagó al portero verdiblanco Raúl Navas 100.000 euros por tirarse al otro lado en el primer gol herculano, en un partido que acabó 4-0 para los del Rico Pérez. Pues bien, el juez no admitirá dichas grabaciones porque considera que no es causa de delito, entra dentro del secreto de sumario y supondría violar el derecho a la intimidad en las comunicaciones.

Por ello, el Hércules estudia demandar a quien filtró dichas escuchas, ya que según asegura su presidente, Valentín Botella, en un comunicado en el sitio web del club, "el Hércules, ni como club de fútbol ni como Sociedad Anónima Deportiva, ni ninguno de sus miembros ha incurrido en ninguna conducta ilícita, ni deportiva, ni administrativa, ni penal, como lo demuestra la única resolución judicial recaída (sic) al respecto".

El Gobierno aprieta duro en el 'caso Hércules'. Ya saben: en una grabación judicial, en busca de delitos de estos tan al día de especulación, recalificaciones ilegales e información privilegiada saltó la liebre. El investigado fardaba de haber comprado al portero del Córdoba para que se dejara meter goles ante el Hércules. El investigado es nada menos que el principal accionista del Hércules. Casos parecidos hemos tenido en los últimos años, algunos muy sonados, con el Málaga y con el Athletic. El Gobierno no se los tomó con tanto ahínco. En realidad, con ninguno. ¿Por qué se mete ahora en la nebulosa? Porque hay grabación judicial.

En los otros casos fueron grabaciones privadas, o periodísticas. En este caso es un juez. Lo malo es que dado que el objetivo de la grabación era otro, y dado que la compra de partidos aún no es delito (lo será a partir del 22 de diciembre, cuando entre en vigor el nuevo Código Penal), el juez considera que no se puede usar la grabación. El Gobierno contraataca hablando de estafa en apuestas, dado que era partido de quiniela. Pero es argumento débil. Nadie va a creer que lo que estuviera en cuestión fuera el interés, por parte de los amañantes, de gozar sobre los demás quinielistas de la ventaja de disponer de un resultado seguro.

Francamente, yo no veo fácil que en las tres semanas que quedan para que empiece la Liga se alcance una resolución convincente del caso, y menos visto que una vez más la Federación se pone de perfil. Pero ya que también está próxima una nueva Ley del Deporte, que regularizará la actuación de los clubes, es bueno este aviso a navegantes. El fútbol tiende a estas gorrinerías y ya es hora de que se acaben. Pero hay una advertencia a hacer ya mismo: los jueces deberán tomarse en serio esta nueva ley, cosa que manifiestamente no han hecho con la del dopaje, al menos hasta ahora. Siguen viendo el deporte como algo menor, un juguete.

transcripciones de conversaciones telefónicas y de cruces de mensajes SMS entre el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y el capitán de su equipo, el ex bético Tote, tuvieron la lógica repercusión en Alicante, Sevilla, Cádiz y Córdoba. De un lado, el propio Tote empezó a guardar silencio después de haber retado a quien correspondiera a que se investigara el caso. Por otro, el club herculano emitió un comunicado insistiendo en su inocencia y en su comportamiento de «respeto riguroso a las reglas de la competición» durante la pasada Liga, al tiempo que comenzó a esbozar sus primeros movimientos de defensa recordando la buena valoración que obtuvo en las crónicas periodísticas la actuación del portero del Córdoba, Raúl Navas, en el partido que su equipo perdió por 4-0 con el Hércules y para el que, presuntamente, había recibido 100.000 euros de Ortiz para asegurar la derrota cordobesista. Asimismo, la entidad herculana anunció la contratación del presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, Gabriel Real Ferrer óprofesor de la Universidad de Alicanteó para que le asista en este conflicto. Y el máximo accionista de la sociedad, el protagonista de la trama, se dejó ver por el Rico Pérez. Ortiz acudió a las oficinas del club, sonriendo y puro en mano, tras unas vacaciones.
Se insiste en la capital alicantina en que todo es un juego político, y así lo destacó el portero Calatayud: «Estamos en verano y hay pocas noticias. No me gusta que se politicen las cosas, soy un profesional de esto, me dedico al tema deportivo y la política ni me va ni me viene», dijo.
Pero el asunto no es tan simple. La Fiscalía decidió recurrir el auto por el que el juez De la Fuente Yanes decidió archivar el caso y no remitir las grabaciones al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol. Y por la tarde actuó la Abogacía del Estado, que se personó en la causa, según adelantó La Verdad de Alicante. Esto significa, según fuentes consultadas, que por esta vía el CSD tendrá acceso a las pruebas obtenidas por la intervención de las conversaciones y los mensajes de Ortiz. Algo fundamental porque un portavoz de la Federación ya fue claro por la mañana: «Si no nos remiten esas grabaciones no podemos hacer nada. Llamaremos a declarar a los interesados, pero si dicen que son inocentes no tenemos medios para actuar».
En Sevilla y Cádiz se movilizaron los aficionados, de modo que quedó convocada una concentración de ambas hinchadas para el 18 de agosto en la zona de Preferencia del estadio bético. Y la asociación Por Nuestro Betis solicitó a través de un comunicado «la suspensión temporal del comienzo de la próxima temporada de la Liga» mientras no se aclare el caso, exigiendo al CSD «que actúe en consecuencia con el reciente proyecto de modificación del Código Penal, que prevé tipificar como delitos los sobornos y fraudes producidos o intentados en competiciones deportivas». Y es que desde diciembre, este caso sí que seguiría su curso por la vía Penal, así que si se repitiera dentro de un año la actuación del juez De la Fuente tendría que ser otra. Ya es casualidad que el Betis baje por un gol y no suba por un punto y que ahora se pretenda que sea ultrajado y ninguneado por faltar unos meses para que lo que hoy no es delito pase a serlo.

El CSD mete mano en el escándalo y ya tiene las pruebas para incriminar al Hércules

El Betis está un pasito más cerca de Primera. Por fin, los organismos deportivos han accedido a investigar el escándalo y han metido mano de lleno en el 'Caso Hércules', algo que veníamos pidiendo desde hace una semana.

La Abogacía del Estado, tras salir a la luz pública las escuchas, ha actuado, se ha personado en las diligencias penales y ha accedido a las escuchas telefónicas que el juez había rechazado enviarles. El Consejo Superior de Deportes tiene ahora la base probatoria para abrir un proceso que desemboque en una sanción al cHércules, lo que debería derivar en el ascenso del Betis.